Las Cámaras de Comercio reivindican su papel dinamizador de la economía y las empresas

Declaración conjunta de las Cámaras de Comercio públicas europeas


 

Declaración conjunta de las Cámaras de Comercio públicas europeas

  • 700.000 pymes reciben, anualmente, asistencia por parte de las Cámaras en su salida a mercados exteriores
  • 2.200.000 alumnos reciben formación en las aulas de las  Cámaras de Comercio europeas 
  • 1.000.000 emprendedores son asesorados por las Cámaras
  • El carácter público permite a las Cámaras dar a las empresas servicios, independientemente de su tamaño y de sus recursos financieros 
  • Garantizan que la voz de las pequeñas, medianas y grandes empresas se escuche por igual ante las Administraciones

Las Cámaras de Comercio europeas de derecho público reivindican su papel como dinamizadoras de la economía y de las empresas, en un entorno de crisis económica, en el que, según los últimos datos de Eurostat, sólo en 2009 se cerraron más de 2.500.000 empresas.

Así, las Cámaras de - Alemania, Francia, Italia, España, Austria, Países Bajos, Luxemburgo, Grecia, Croacia, Montenegro, Serbia, Bosnia-Herzegovina, junto a Turquía-  han firmado una declaración conjunta, en la que defienden su carácter como corporaciones de derecho público, que cumplen funciones públicas, y representan a todas las empresas, proporcionándoles servicios, independientemente de cuál sea su tamaño y sus recursos financieros, en el contexto actual, que es cuando más lo necesitan.  

Los objetivos actuales de las Cámaras de Comercio, según recoge el texto de la Declaración, son lograr unas empresas fuertes y competitivas en un entorno económico competitivo e innovador, basado en el conocimiento; un marco jurídico atractivo que apoye el espíritu empresarial y la creación de empresas; una economía mundial estable con mercados realmente abiertos; un personal altamente formado y capacitado con empleos de alta calidad en un medio de flexibilidad y seguridad y, por último, el desarrollo económico y sostenible de las regiones.

Todos los servicios que prestan las Cámaras de Comercio se derivan de esos principios, especialmente en áreas como:

Formación 

Más de 2.200.000 alumnos pasan por las aulas de las  Cámaras de Comercio europeas. En muchos países, las Cámaras son los principales proveedores de formación profesional, a distancia y continua. De esta manera, ayudan a las personas a entrar en el mercado laboral, reducir el desempleo y ofrecer a las empresas los trabajadores más cualificados, como instituciones de referencia.

Internacionalización

En torno a 700.000 pymes reciben, anualmente, asistencia por parte de las Cámaras en su salida a mercados exteriores. Promueven la exportación y ofrecen una amplia gama de servicios de internacionalización. Están representadas en todo el mundo a través de 472 oficinas comerciales.

Espíritu empresarial

Cada año, las Cámaras europeas asesoran a más de 1.000.000 emprendedores. Fomentan el espíritu empresarial y luchan por una menor regulación a la hora de crear un negocio.

Evaluación de proyectos de ley 

Como representantes de 17,3 millones de empresas, las Cámaras se han convertido en asesores e interlocutores autorizados y valorados por los gobiernos y las  administraciones en asuntos económicos y empresariales, especialmente a la hora de legislar aquellas cuestiones que afectan a las empresas.

Desarrollo económico regional y local 

Las Cámaras participan activamente en iniciativas locales y regionales, con el objetivo de contribuir al desarrollo regional y territorial, la prosperidad económica y la competitividad de las empresas y de los territorios.

La voz de las empresas ante las Administraciones

A través de las Cámaras de Derecho público, todas las empresas tienen la posibilidad de trasladar al proceso de decisión política sus necesidades, lo que permite realizar un balance de intereses de los diferentes sectores económicos y defender los intereses de la economía en su conjunto. Esto evita la polarización, además, la inclusión de todas las empresas en términos de igualdad, garantiza la neutralidad y la objetividad. 

Su amplia base, la proximidad a las empresas y sus conocimientos especializados, permiten  a las Cámaras proporcionar servicios eficientes, más baratos y adaptados a las necesidades reales de las empresas, en colaboración con las Administraciones públicas.

Para las Cámaras públicas europeas, la adscripción obligatoria universal garantiza la libertad, crea legitimidad y dirige a las Cámaras  hacia un autogobierno eficaz y eficiente. Como representantes del conjunto de la economía, se centran en objetivos a medio y largo plazo, en lugar de defender intereses particulares y a corto plazo. Por tanto, contribuyen a políticas socioeconómicas coherentes, así como a un marco jurídico estable y seguro para las empresas. 

¿Qué son las Cámaras de Comercio?

Están compuestas por todas las empresas, de acuerdo con las leyes nacionales respectivas, representando intereses generales de las empresas y, en la mayoría de los casos, se gobiernan por representantes de las empresas, elegidos democráticamente.

Cumplen funciones públicas y trabajan por el desarrollo de las regiones, entre otras, las relacionadas con la formación profesional, la educación, la internacionalización y la creación de empresas. Estas funciones públicas, que les han sido conferidas por Ley, se gestionan de manera eficiente y proporcionan servicios para la economía general.

Son entidades legales autónomas, sujetas al control de legalidad y gastos por las Administraciones públicas, supervisión que no limita su independencia.

El sistema de Cámaras de Derecho público es conforme a la legislación europea. Según la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la afiliación obligatoria a una organización profesional es legal, ya que garantiza el cumplimiento de los principios éticos y morales, así como el control disciplinario de miembros. De acuerdo con el TJUE, las leyes nacionales que disponen la afiliación obligatoria a una corporación profesional son, por lo tanto, compatibles con la legislación comunitaria vigente.

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